jueves, 31 de mayo de 2012

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL DERECHO AMBIENTAL GUATEMALTECO


ANTECEDENTES HISTÓRICOS
 DEL
DERECHO AMBIENTAL GUATEMALTECO.

Para Guatemala, como para muchos otros países del mundo, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Medio Humano celebrada en Estocolmo (Suecia) en el año de 1972, marcó el punto de partida definitivo
para avanzar en los temas legislativos referentes a la protección y conservación del medio ambiente.

Los gobiernos allí representados por sus respectivos delegados comenzaron a asentir formalmente sobre la delicada situación a que había llegado el ambiente o entorno humano, sobre una escala, ya no local, sino mundial, producto de políticas económicas de desarrollo ajenas e indiferentes a todo grado de consideración sobre las repercusiones negativas de su aplicación en sus respectivos ambientes.

Todos los países, desarrollados o subdesarrollados, eran responsables, en mayor o menor grado, de la problemática ambiental que aquejaba al planeta entero.

Por primera vez en la historia, altos representantes de los gobiernos del mundo se daban cita en Estocolmo, a efecto de comprometerse formalmente en la solución de la crisis ambiental.  Surgieron varias proposiciones, soluciones y figuras administrativas y, al final, las inquietudes de los allí reunidos se plasmaron en la ya conocida declaración de principios de Estocolmo.La participación de nuestro país en dicha conferencia fue adornada por el honor de  representar a otros países del área, siendo éstos El Salvador y Costa Rica.


El Gobierno de Guatemala, al suscribir dicha declaración, se comprometió ha hacer cumplir los acuerdos y recomendaciones que la misma contenía, así como a realizar los esfuerzos pertinentes por establecer una legislación que promoviera el desarrollo de las políticas ambientales.

La exposición de motivos del ante proyecto de la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente del 6 de mayo de 1986, mencionado por Federico Huitz Ayala en su trabajo de tesis, afirma que:

“Los antecedentes del emergente Derecho Ambiental guatemalteco, puede ubicarse a partir del año de 1973, puesto que, a nivel gubernamental, se adoptaron medidas de carácter institucional y legal para afrontar la problemática ambiental en el país.  En dicho año, el Presidente de la República.  General Carlos Manuel Arana Osorio, con el fin de cumplir con una de las recomendaciones dadas en la Conferencia de Estocolmo en el sentido de crear un instrumento adecuado para planificar, coordinar y ejecutar un plan nacional.  para alcanzar los objetivos de velar, conservar y mejorar el medio ambiente, creó una Comisión Ministerial encargada de la Conservación y Mejoramiento del Medio Humano, por Acuerdo Gubernativo de fecha 3 de mayo de 1973”.

Dicha comisión, agrega, fue integrada por los Ministros de Salud Pública y Asistencia Social, de Comunicaciones y Obras Públicas (actualmente también de transportes), de Agricultura (actualmente también de Ganadería y Alimentación), de Relaciones Exteriores, de Gobernación y de la Defensa Nacional.  La comisión fue ampliamente facultada para dictar las medidas que estimare necesarias, tendientes a resolver el problema de la contaminación en Guatemala.  En el Acuerdo Gubernativo que acordó crear la Comisión mencionada, se declaró de emergencia nacional la contaminación del medio ambiente en el territorio de la República, incluyendo el espacio aéreo, las aguas de la zona marítima que ciñe las costas, los lagos, las vertientes, la fauna y la flora.

El 20 de enero de 1975, el Ministro de Gobernación, en su calidad de Presidente de la Comisión Ministerial encargada de la Conservación y Mejoramiento del Medio Humano, acordó crear, por Acuerdo Ministerial, a nivel técnico, la “Comisión Asesora del Presidente de la Comisión Ministerial encargada de la Conservación y Mejoramiento del Medio Humano”, la que funcionó bajo la coordinación del Vice-Ministro del Ministerio antes indicado y tuvo los siguientes fines:

*      Asesorar al presidente de la Comisión Ministerial en asuntos relacionados con el medio ambiente;
*      Dictaminar y emitir opinión sobre todos aquellos asuntos que le fueron propuestos por el presidente de la Comisión Ministerial o el Coordinador de la Comisión Asesora;
*      Proponer normas y reglamentos relacionados con la problemática ambiental y conocer de aquellas agresiones ecológicas que cualquiera de sus miembros estimara debían analizarse, para determinar si procedía trasladarlas a la Comisión Ministerial.

Los miembros de la Comisión Asesora realizaron su trabajo ad honorem.  Esta Comisión no tuvo
funciones ejecutivas.

La Comisión Asesora presentó, en octubre de 1976, un anteproyecto de “Ley de Conservación y
Mejoramiento del Medio Ambiente”, producto de los trabajos y conclusiones obtenidos    en    
el      “Primer    Seminario   sobre   Problemas Ambientales en Guatemala”, organizado por el
Ministerio de Gobernación, en el mes de junio del año indicado, y en el que participaron
representantes de cuarenta y cuatro instituciones técnicas, universidades y dependencias
gubernativas.






El Observatorio Ambiental de Guatemala
El Observatorio Ambiental de Guatemala (OAG), es una iniciativa académica que pretende plantear marcos analíticos y metodológicos, así como rutas de acción concretas para asumir la gestión balanceada de los subsistemas natural, social, económico e institucional, y generar opinión pública a favor de estos planteamientos. Dicha iniciativa alberga el desafío de replantear patrones de uso de bienes y servicios naturales a partir de los límites que estos plantean.


El Observatorio Ambiental de Guatemala (OAG) es una iniciativa académica, impulsada conjuntamente por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), sede Guatemala, a través del Área de Población, Ambiente y Desarrollo Rural; la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), a través del Instituto de Análisis e Investigación de los Problemas Nacionales (IPNUSAC); y la Universidad Rafael Landívar, a través del Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente (IARNA).

Sus objetivos son:

• Proveer elementos conceptuales, metodológicos y operativos para provocar y consolidar relaciones más armónicas entre los subsistemas natural, social, económico e institucional.

• Generar propuestas para revertir procesos de deterioro ambiental que tienen su origen en los subsistemas económico y social, y que se sustentan en una débil institucionalidad pública y en una institucionalidad privada poco comprometida.

• Proveer información confiable y de manera oportuna acerca de la situación de los componentes ambientales y la relación de éstos con la viabilidad económica social.

• Ayudar a construir las bases de un sistema educativo nacional que valore en su justa dimensión al subsistema natural de Guatemala.

• Ayudar a establecer las bases de un pacto ambiental nacional y apoyar la implementación de sus instrumentos.

• Fortalecer movimientos sociales, grupos empresariales y entidades de carácter público con información y conocimiento científico acerca del subsistema natural y sus relaciones recíprocas con los subsistemas económico, social e institucional.

Esta iniciativa está abierta a la participación de otras entidades académicas que compartan los propósitos que la inspiran.

Necesidad de un pacto ambiental nacional
El propósito estratégico del OAG es contribuir a la construcción de un Pacto Ambiental Nacional


Guatemala es un país de desequilibrios sociales, económicos, ambientales e institucionales marcados. El modelo de desarrollo que ha venido implementando, si es posible interpretar que ha venido siguiendo alguno, es sin duda el de lograr a toda costa el crecimiento económico.

El marco analítico del cual se parte para reflexionar sobre la realidad nacional y para impulsar esta propuesta se denomina “sistema socio ecológico” y considera con el mismo nivel de relevancia los subsistemas natural, social, económico e institucional, así como las interacciones entre éstos. Sin embargo, en la actualidad es evidente que existen marcados desequilibrios entre estos subsistemas, lo cual ha conducido a diferentes manifestaciones de rezago y deterioro, sobre todo en los aspectos sociales y ambientales, así como en la debilidad institucional, que afecta a todos los niveles y componentes del Estado.

En el subsistema natural, el desequilibrio es tan acentuado, que en muchos casos provoca crisis de gobernabilidad y muy probablemente irreversibilidades ambientales importantes en sus componentes y ciclos biogeoquímicos básicos.

Este análisis sistémico también muestra que en el subsistema económico ocurre una concentración de riqueza en una proporción muy baja de la sociedad, en detrimento de una alta proporción de la población que vive en condiciones de pobreza y pobreza extrema, así como de los bienes y servicios naturales que por tradición han sido explotados de manera sostenida, sin considerar el principio básico de la reposición.

Los desafíos descritos hacen necesario que exista una participación social más orientada y organizada, una sociedad civil y una tecnocracia mejor informada, un sector privado con conocimiento y conciencia de la realidad socioambiental, un sector político orientado a la búsqueda de los intereses nacionales y unas instituciones conscientes de su responsabilidad, así como de su realidad y contexto, pero todos asumiendo una verdadera responsabilidad con Guatemala.

El sector académico debe ser parte de este desafío. Su rol debe ser consistente con su naturaleza institucional, es decir su condición académica, la cual debe ser aprovechada para generar luces en una sociedad donde la polarización es recurrente, y ayudar a identificar rutas de bienestar que favorezcan a la mayoría de la sociedad. El trabajo coordinado de la academia en la búsqueda y consolidación de este rol resulta imperativo. Es en este contexto donde se ha conceptualizado y se pretende poner en marcha el Observatorio Ambiental de Guatemala.




 

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